Las “cláusulas abusivas” llegan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La Sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2013 supuso un hito en los derechos de los consumidores ya que fue la primera vez que el Alto Tribunal anuló, por primera vez, las llamadas cláusulas suelo, un tipo de cláusulas abusivas que las entidades financieras venían imponiendo sistemáticamente prácticamente en casi todas los créditos hipotecarios, creando un grave perjuicio económico a los clientes quienes pese a haber negociado un tipo de interés variable lo cierto es que, por este tipo de cláusulas, se les estaba imponiendo un límite que, en la mayoría de los casos, se fijaba en el 3% o el 4%.

Las consecuencias de la nulidad de este tipo de cláusulas declaradas abusivas conllevan a que se tengan como no puestas y, por lo tanto, a la obligación de las entidades financieras a devolver a los clientes la totalidad de las cantidades pagadas de más, desde la firma del crédito hipotecario. Así lo venían reconociendo la mayoría de los juzgados y Audiencias Provinciales hasta que recientemente, otra Sentencia del Tribunal Supremo limitó la obligación por parte de las entidades financieras de devolver las cantidades pagadas de más una vez declaradas judicialmente como abusivas la cláusula suelo. Esta última sentencia limitaba la obligación de devolver a la fecha de 9 de mayo de 2013 en que dictó la primera de las Sentencias que anulaba por primera vez las cláusulas suelo.

Ahora, la Audiencia Provincial de Álava ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que pregunta si, una vez declarada la nulidad de una cláusula suelo, la entidad financiera debe devolver la totalidad del importe satisfecho en virtud de dicha cláusula suelo o bien si solo está obligada a hacerlo desde el 9 de mayo de 2013, fecha en la que el Tribunal Supremo anuló por primera vez una de estas disposiciones contractuales.

En la cuestión elevada al Tribunal de Luxemburgo, la Audiencia alavesa pregunta si esa limitación temporal de la ineficacia de las cláusulas suelo declaradas abusivas que se aplica en España es conforme a los artículos 6.1 de la Directiva 93/13/CEE de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados conconsumidores, que establece el principio de no vinculación, según el cual, las cláusula declaradas abusivas “no vinculan en ningún caso al consumidor”.

En el auto, fechado el 22 de septiembre, la Audiencia de Álava explica que plantea esta cuestión para resolver un recurso de apelación que una Caja ha planteado frente a una sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria-Gasteiz que estimó la demanda sobre una hipoteca con cláusula que limitaba la bajada del tipo de interés variable del préstamo –firmado con Euribor más 0,55%– a un mínimo del 2,75%, tipo de interés que se aplicó desde abril de 2009.

En la sentencia del juzgado recurrida en apelación, se condena a la Caja “a devolver al demandante las cantidades cobradas en cada una de las cuotas mensuales del préstamo hipotecario indicado a partir del 10 de septiembre de 2004, fecha de inicio del interés variable, que excedan de la aplicación del tipo de referencia” (euribor aplicable en cada cuota más el diferencial establecido en la escritura, el 0,55%).

Según explica la cuestión prejudicial, en su recurso, la Caja plantea que la resolución judicial vulnera la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que dispone que la devolución de cantidades en estos casos sólo se puede efectuar desde la fecha de publicación de su sentencia de 9 de mayo de 2013, la primera que declaró abusiva y anuló cláusulas de este tipo.

La Audiencia de Álava cuestiona esta interpretación y recuerda el artículo 1303 del Código Civil, según el cual, “declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses”.

Principio de no vinculación

También considera que se podría afectar el principio de “no vinculación” que disponen los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas firmadas en contratos con consumidores, porque “cuando un tribunal nacional conoce de un litigio entablado exclusivamente entre particulares, está obligado, al aplicar las normas del Derecho interno, a tomar en consideración todas las normas del Derecho nacional y a interpretarlas, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva”.

La cuestión prejudicial cita la propia jurisprudencia del TJUE, que dispone que si una cláusula es nula no puede producir ningún efecto, y que “si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en tales contratos, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva”.

“La mencionada facultad debilitaría el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores”, según afirma el Tribunal Europeo en una resolución.

Ante las dudas que se le plantean, la Audiencia de Álava ha decidido suspender el procedimiento, y remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que solicita también que se siga el “procedimiento acelerado”.

El auto basa su petición de pronta resolución “en atención al elevado número de consumidores afectados” y cifra en 3.300.000 las personas con hipotecas que contienen esta cláusula, que “han generado una oleada de litigiosidad en los tribunales españoles por ser innumerables los casos en que se utilizó esta forma para financiar la adquisición de una vivienda destinada a hogar familiar”

Calcerrada Bufete Jurídico se traslada a Alcázar de San Juan

A partir del mes de agosto de 2014, Calcerrada Bufete Jurídico traslada su despacho principal al municipio de Alcázar de San Juan desde donde continuará prestando sus servicios tanto a particulares como empresas en su nueva sede de la Plaza Santa Quiteria, núm. 16, 2º C.

Desde su nuevo y moderno despacho, los abogados del Bufete, especializados en derecho penal, civil y mercantil, podrán atender de una forma más cercana y personalizada a cada cliente, actuando en todo el partido judicial de Alcázar de San Juan (Herencia, Campo de Criptana, Pedro Muñoz, Puerto Lápice y Arenales de San Gregorio), así como en Tomelloso.

El objetivo y vocación de CBJ es ayudar a cada cliente a buscar la mejor solución para sus intereses. El Bufete cuenta con un equipo de profesionales con amplia y demostrada experiencia en todos los ámbitos en los que está especializado para asesorar y satisfacer rápida y eficazmente cada una de las dudas o problemas legales que se nos plantean.

Recordamos que las áreas en las que Calcerrada Bufete Jurídico está especializado son las siguientes: derecho penal, derecho de familia, separaciones, divorcios, custodia y régimen de visitas de menores, división de herencias, derecho hipotecario e inmobiliario, comunidades de propietarios, derecho societario, derecho concursal, derecho mercantil, derecho fiscal, reclamaciones de deudas, y derecho civil y penal de empresas.

Sentencia del Tribunal Supremo: “Respecto del derecho a la intimidad el criterio para determinar la legitimidad o ilegitimidad de las intromisiones, no es el de la veracidad, sino el de la relevancia pública del hecho divulgado”

Una reciente Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, del 16 de diciembre de 2013, advierte: “Cuando de libertad de expresión se trata, el elemento de veracidad no es un requisito que deba ser valorado, pues los juicios de valor no pueden ser objeto de demostración de su exactitud, al pertenecer al fuero interno de una persona. Respecto del derecho a la intimidad el criterio para determinar la legitimidad o ilegitimidad de las intromisiones, no es el de la veracidad, sino el de la relevancia pública del hecho divulgado, es decir, que su comunicación a la opinión pública, aun siendo verdadera, resulte necesaria en función del interés público del asunto sobre le que se informa“.

Los conflictos existentes, y que prácticamente se dan a diario, entre los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información, por un lado, y los derechos al honor, intimidad y propia imagen, por otro, deben ser ponderados en cada caso concreto. Sin embargo, esta reciente Sentencia del Tribunal Supremo marca unas pautas muy claras acerca de la preponderancia del derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen sobre el derecho a la libertad de expresión cuando lo difundido no sea de relevancia o interés público.

El Tribunal Supremo parte en su sentencia de la preponderancia del derecho a la libertad de información sobre el derecho a la intimidad personal y familiar, aunque matiza, a continuación, que dicha preponderancia debe hacerse valer en cada caso concreto, de acuerdo a las circunstancias concurrentes. Es en el análisis de las circunstancias en que se difundieron las informaciones que entran en colisión con el derecho a la intimidad cuanto el Tribunal concluye: “El interés general de la información, en consecuencia, deviene del interés que suscita el conocimiento de la vida de personas con notoriedad pública social. Y, por tanto, el interés suscitado en el presente caso es muy escaso y de naturaleza social por el hecho de que el programa en el que se hicieron las manifestaciones que los recurridos consideran que suponen una intromisión en su derecho a la intimidad y en la de su madre fallecida no tienen por objeto contribuir al debate político en una democracia, sino una finalidad netamente de esparcimiento y el interés suscitado es únicamente, el que pueda existir en el conocimiento de la vida privada de personas que gozan de notoriedad ( SSTS de 3 de noviembre de 2010, RC n.º 1040/2007 , 16 de diciembre de 2010, RC n.º 179/2008 , 21 de marzo de 2011, RC n.º 1485/2008 y 25 de abril de 2011, RC n.º 2244/2008)”.

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Sentencia Tribuna Supremo sobre Condiciones generales abusivas: cláusulas suelo en los contratos de préstamos hipotecarios

Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, recurso nº 485/2012. Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en pleno jurisdiccional, ha fijado doctrina sobre la validez y la posibilidad de control judicial del carácter abusivo de las cláusulas suelo, incorporadas a contratos bancarios de préstamo a consumidores con garantía hipotecaria y a interés variable celebrados con consumidores y usuarios.

En el pleito origen se había solicitado la declaración de nulidad por abusivas de las cláusulas que fijan un tipo mínimo de interés o un tipo mínimo de referencia. El Tribunal admite la validez de tales cláusulas cuando cumplen los requisitos de especial transparencia exigible en los contratos celebrados con los consumidores.
Se declara la nulidad por falta transparencia. A tal efecto, el TS estima que no es suficiente con que las cláusulas de forma aislada sean comprensibles.
Además, los consumidores deben ser informados de que cuando el tipo de interés baja a determinados niveles, el préstamo se transforma en préstamo a interés fijo variable solo al alza y no se beneficiarán de las bajadas del índice de referencia (en general el euribor).
También deben ser informados de forma clara y destacada, sin que las  cláusulas puedan pasar inadvertidas al consumidor entre otras propias de un contrato tan complejo.
La sentencia declara que la nulidad de las cláusulas no afecta a la subsistencia de los contratos ni a las cantidades ya pagadas.
Parte dispositiva: “Séptimo: Declaramos la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos suscritos con consumidores descritas en los apartados 2, 3 y 4 del antecedente de hecho primero de esta sentencia por
a) La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del precio del dinero.
b) La falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.
c) La creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo.
d) Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor en el caso de las utilizadas por el BBVA.
e) La ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual.
f) Inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.
Octavo: Condenamos a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Cajas Rurales Unidas, S.C.C y NCG banco S.A.U a eliminar dichas cláusulas de los contratos en los que se insertan y a cesar en su utilización.
Noveno: Declaramos la subsistencia de los contratos de préstamo hipotecario en vigor suscritos por las expresadas  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Cajas Rurales Unidas, S.C.C y NCG banco S.A.U demandadas, concertados con consumidores en los que se hayan utilizado las cláusulas cuya utilización ordenamos cesar y eliminar.
Décimo: No ha lugar a la retroactividad de esta sentencia, que no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia.

Lea aquí la Sentencia completa

El Tribunal de Justicia de la UE declara ilegal la actual legislación hipotecaria española

La ley española que regula las ejecuciones hipotecarias (desahucios) viola la normativa comunitaria de protección a los consumidores, según una sentencia que acaba de ser publicada por el Tribunal de Justicia de la UE y que concluye que el sistema de ejecución hipotecaria establecido en la legislación española es incompatible con la directiva europea sobre cláusulas abusivas y no protege al consumidor porque permite la pérdida de la propiedad y el desalojo antes de que éste pueda ejercitar una acción por daños y perjuicios contra la entidad financiera.

La sentencia de la Corte de Luxemburgo ratifica así el dictamen jurídico que presentó en pasado mes de noviembre la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott. Según argumenta el Tribunal, “la normativa española enumera los motivos, muy limitados, por los que un deudor puede oponerse al procedimiento de ejecución hipotecaria” y añade que “entre esos motivos no figura la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de un préstamo hipotecario”.

Por ello, la sentencia concluye que “la normativa española, que impide al juez, que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato hipotecario, suspender el procedimiento de desahucio iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión”.

El caso que originó esta cuestión se remonta a 2007 a raíz de la denuncia de un ciudadano marroquí

El Tribunal de Justicia europeo ha llegado a esta conclusión trasanalizar la cuestión presentada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona sobre la conformidad del derecho español con la Directiva europea sobre cláusulas abusivas. El caso que originó esta cuestión se remonta a 2007, cuando un ciudadano de origen marroquí que trabajaba en España firmó con CatalunyaCaixa un contrato de préstamo con garantía hipotecaria de 138.000 euros sobre su vivienda familiar. Desde junio de 2008 dejó de pagar sus cuotas mensuales y el banco inició un procedimiento de ejecución hipotecaria, celebrando una subasta pública a la que no se presentó ninguna oferta.

La entidad, de acuerdo con la legislación española, se adjudicó la vivienda por el 50% de su valor. El 20 de enero de 2011 el cliente fue expulsado de la vivienda, si bien poco antes había presentado una demanda solicitando que se anulara una cláusula del contrato de préstamo hipotecario -la relativa a los intereses de demora, que fijaba un tipo del 18,75%– por ser abusiva y, en consecuencia, reclamaba que se anulara el procedimiento de desahucio.

Sin embargo, la legislación española que regula esta materia impide que pueda interrumpirse el proceso judicial de ejecución si no se presentan motivos contemplados expresamente en la ley, entre los que no aparece la existencia de una cláusula abusiva en el contrato hipotecario. Es decir, obliga a que termine el proceso, y por tanto el consumidor se quede sin vivienda, antes de que éste pueda demandar a la entidad por cláusulas abusivas en la hipoteca.

La sentencia señala que “el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva europea sobre cláusulas abusivas”. Y añade que, dado que el juez que conozca del proceso declarativo no tiene la posibilidad de suspender el procedimiento de ejecución, esa declaración de nulidad sólo permite garantizar al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria.

Según argumenta la Corte con sede en Luxemburgo, “esa indemnización resulta incompleta e insuficiente, y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de esas cláusulas”.

“Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que la normativa española no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva confiere a estos últimos”, señala.

Ya en vigor las nuevas medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento y de la creación de empleo

En el BOE del sábado 24 de febrero se inaugura una “segunda generación de reformas estructurales” con la publicación del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, en vigor el 24 de febrero.

A lo largo de 53 páginas los protagonistas principales son las pymes y los autónomos, respecto a los que se adoptan medidas, de índole muy dispar, dirigidas a fomentar la financiación empresarial a través de mercados alternativos, a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas y, por lo que aquí más interesa, a desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.

A continuación se resumen las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 4/2013 concernientes a las medidas socio-laborales tomadas por el Gobierno de Rajoy.

MEDIDAS PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO ENTRE LOS TRABAJADORES MENORES DE 30 AÑOS (TÍTULO I, CAPÍTULO I)

  • Implantación de una cuota inicial reducida
  • Compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia
  • Ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo
  • Nuevos supuestos de suspensión y extinción del cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia
  • Ampliación voluntaria de la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

MEDIDAS FISCALES (TÍTULO I, CAPÍTULO II)

ESTÍMULOS A LA CONTRATACIÓN (CAPÍTULO III y DISP. TRANS. 1ª)

  • Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa
  • Incentivos a la contratación indefinida de un menor de 30 años por microempresas y autónomos
  • Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven
  • Primer empleo joven
  • Incentivos a los contratos en prácticas para el primer empleo
  • Incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de la economía social

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA INTERMEDIACIÓN LABORAL (TÍTULO I, CAPÍTULO IV)

PARA CONCLUIR…LAS ETT Y LOS CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE (DISP. FINALES 3ª Y 4ª)

La Abogacía Española, a favor de las fórmulas de la Iniciativa Legislativa Popular para evitar desahucios

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en relación con el debate sobre la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha empezado este martes a las cinco y media de la tarde, ha mostrado su “total apoyo” a fórmulas que favorezcan la dación en pago -incluso con un carácter retroactivo limitado-, la demora de todos los lanzamientos o desahucios, y el favorecimiento del alquiler social.

El CGAE considera que el respaldo legislativo a estas iniciativas “permitiría encauzar un número mayor de acuerdos entre ciudadanos y entidades bancarias, en los que tendrán mayor cabida las renegociaciones de las deudas y de las condiciones contractuales pactadas en su día”. La Abogacía Española asegura que se reduciría notablemente el número de desahucios y mejoraría el problema de la vivienda en general, a la vez que se conseguirá una gran reducción de costes sociales y judiciales.

La Abogacía Española cree imprescindible que el canal en el que se puedan resolver las controversias entre los ciudadanos afectados y los bancos sea la institucionalización “definitiva” de la intermediación entre las partes, único instrumento que garantiza la imparcialidad necesaria y el conocimiento jurídico imprescindible para conseguir los acuerdos.

En este sentido, en los últimos dos años, los Colegios de Abogados han puesto en marcha cerca de treinta Oficinas de Intermediación Hipotecaria en las que, merced al saber jurídico de los abogados y a la implicación de las administraciones locales (Ayuntamientos), y provinciales (Diputaciones), se ha logrado llegar a acuerdos beneficiosos para los propietarios deudores en el 60% de los casos, consiguiendo parar gran cantidad de desahucios.

¿Cuándo hay que pagar tasas judiciales en procesos de familia?

Criterios Interpretativos del devengo de la tasa judicial en procesos de familia

El pasado día 21 de diciembre de 2.012 se celebró una reunión a la que fueron convocados todos los Magistrados de las Secciones 22ª y 24ª de la Audiencia Provincial de Madrid y los Jueces y Secretarios de los Juzgados de Familia de Madrid , en la que se llegaron a los siguientes Acuerdos:
1º.- En los procesos matrimoniales contenciosos (separación, divorcio, nulidad y modificación de medidas) sustanciados por los trámites del juicio verbal especial regulado en los artículos 753 y 770 de la LEC, se devengará tasaexcepto en los supuestos en que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre hijos menores, incapacitados o ausentes. Si en dichos procesos se solicitare la adopción de otras medidas que el juez no pueda acordar de oficio, se devengará la tasa correspondiente. Se devengará tasa en los procesos matrimoniales aunque no existan hijos comunes y no se solicite la adopción de medidas definitivas complementarias.
2º.- A los efectos prevenidos en el artículo 8.2, párrafo 2º de la Ley 10/2012, cuando se ejerciten en el mismo proceso pretensiones no sujetas a tasa y otras que sí lo estén, y no se acompañe al escrito de demanda o reconvención el justificante de autoliquidación de la tasa, el Secretario Judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte o, en el plazo a tal fin concedido, presente escrito excluyendo del objeto del proceso las pretensiones sujetas a tasa, con las consecuencias previstas en dicho precepto.
3º- En los procesos de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas del artículo 778 de la LEC, y en los procedimientos de exequatur, no se devengará tasa alguna.
De solicitarse la adopción o modificación de medidas se devengará o no la tasa aplicando los parámetros señalados en el criterio 1º.
4º.- La demanda de medidas provisionales previas del artículo 771 y la solicitud de medidas provisionales coetáneas del artículo 773, ambos de la LEC, no devengarán tasa en ningún caso por no tratarse de juicios verbales.
Tampoco devengan tasa la solicitud de las medidas cautelares del artículo 158 del Cc., ni los procedimientos del artículo 156 del mismo cuerpo legal,  ni los procesos regulados en los artículos 779 a 781 de la LEC, ni los juicios verbales de reclamación de visitas por abuelos u otros parientes o allegados.
5º.- Los procesos contenciosos a que se refiere el artículo 748.4º dela LEC, que versen exclusivamente sobre relaciones paterno filiales, están excluidos del devengo de la tasa.
Si en los mismos se ejercitasen, por el actor o el demandado, pretensiones de carácter dispositivo, será de aplicación lo establecido en el criterio 2º.
6º.- Los procesos consensuales tramitados conforme al artículo 777 de la LEC, sean matrimoniales o de relaciones paterno filiales, no devengan tasa en ningún caso.
7º.- Las demandas ejecutivas de sentencias o autos dictados por los juzgados de familia no devengan tasa.
8º.- La oposición a la ejecución en los procesos de familia no devengará tasa para el ejecutado en los casos en que la presentación de la demanda inicial del proceso o la formulación de reconvención hubieren quedado objetivamente exentos del pago de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 10/2012, es decir, aquellos en que la oposición se refiera, exclusivamente, a medidas relativas a hijos menores.
9º.- Devengo de la tasa en el procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial.
a) La solicitud de formación de inventario a que se refiere el artículo 808.1 de la LEC dará lugar al devengo de la tasa. Cuando proceda la tramitación del juicio verbal previsto en el artículo 809.2 de la LEC, se exigirá el pago de la tasa al demandado si el mismo, en la comparecencia ante el Secretario Judicial, además de oponerse a la inclusión en el activo o pasivo de todas o alguna de las partidas cuya inclusión pretenda el actor, pretendiese, con la oposición de éste, incluir en el activo o pasivo nuevas partidas.
En este caso, se considerará al demandado reconviniente y deberá abonar la tasa correspondiente a la reconvención formulada.
b) La solicitud de liquidación a que se refiere el artículo 810.2 de la LEC devengará tasa.
Cuando proceda la apertura del juicio verbal a que se refiere el artículo 787.5 de la LEC, se exigirá el pago de la tasa al demandado cuando el mismo formule oposición a la aprobación de las operaciones divisorias del contador-partidor.
No se devengará, en cambio, tasa alguna para el actor, por el hecho de oponerse a las operaciones divisorias.
10º.- A efectos de determinar si se produce o no el devengo de la tasa por la interposición del recurso de apelación, en los supuestos de mayoría de edad sobrevenida de los hijos en el curso del proceso, la edad a tener en cuenta será la que tuvieren tales hijos en el momento de dictarse la sentencia de primera instancia.
11º.- La interposición de los recursos de apelación y casación no devengará tasa cuando, a través de los mismos, con independencia de lo que se haya debatido en primera o segunda instancia, se impugnen exclusivamente medidas relativas a hijos menores, devengándose, por el contrario, la tasa cuando la impugnación se refiera tan sólo a medidas de naturaleza disponible, o afecte, además, a otras medidas susceptibles de pronunciamientos de oficio.
Ha de tenerse en cuenta al respecto que, según consulta vinculante evacuada por la Dirección General de Tributos con fecha 3 de diciembre de 2012, está exenta de la tasa la interposición de recursos de apelación o casación contra los autos, ya que “la prohibición de la analogía en el ámbito tributario impide la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que considera hecho imponible de la tasa “la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo”, a los supuestos de Autos, sino exclusivamente a sentencias.

Presentado el Anteproyecto de la Ley de Justicia Gratuita. Aumenta los Beneficiarios. Consejo de Ministros de 11 de enero de 2013

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE JUSTICIA GRATUITA (nota de prensa del Gobierno)

  • Amplía el número de beneficiarios y se incrementan los umbrales de acceso y los colectivos que podrán acceder a este servicio.
  • Se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva al asegurar que nadie deje de acudir a los Tribunales por carecer de recursos.
  • El umbral para acceder a la justicia gratuita pasa de dos veces el Salario Mínimo (14.910,28 euros) a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) (15.975,33 euros).
  • En familias de cuatro o más miembros la referencia pasa a ser el triple del IPREM (19.170,39 euros).
  • Circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad tendrán cobertura con ingresos de hasta cinco veces el IPREM (31.950,65 euros).
  • Las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, así como los menores y discapacitados víctimas de abusos, tendrán derecho a la justicia gratuita independientemente de sus rentas.
  • También las víctimas de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por daños.
  • Se incrementan los controles para evitar abusos y fraudes.
TablaUmbralesAcceso

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita que sustituirá a la ley vigente de 1996 para adaptarla a la realidad actual, teniendo en cuenta la experiencia acumulada y las propuestas formuladas por las Administraciones públicas y los Colegios de Abogados y Procuradores.

El texto, que amplía el número de beneficiarios y, al mismo tiempo, pone coto a prácticas abusivas, garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución, al asegurar que nadie deje de acudir a los Tribunales por falta de recursos para litigar.

El Anteproyecto, junto con los recursos obtenidos gracias a la Ley 10/2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, desarrolla el artículo 119 de la Constitución y no sólo asegura la viabilidad del modelo español de justicia gratuita, que de otro modo no tendría suficientes recursos para mantenerse, sino que lo moderniza y pone al día. Como principal novedad incorpora que los beneficiarios de este derecho no lo sean sólo por causas económicas; también están incluidos colectivos especialmente vulnerables.

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en distintas sentencias, ha avalado el espíritu de la reforma aprobada hoy. Así, en la reciente resolución 20/2012 declaró la viabilidad de un sistema mixto de financiación de la Administración de Justicia, con cargo a los impuestos y “a las tasas abonadas por quienes resultan beneficiados por la actuación judicial”. En la sentencia 117/1998 entendió que, al ser limitadas las disponibilidades presupuestarias, el derecho a la justicia gratuita “no puede concederse de modo ilimitado”, mientras que la 16/1994 incluía como beneficiarios de este derecho a “quienes no puedan hacer frente a los gastos originados por el proceso sin dejar de atender a sus necesidades vitales y las de su familia, al objeto de que nadie quede privado del acceso a la justicia por falta de recursos económicos”.

En esa última resolución el Alto Tribunal aclaró que, si la referencia del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) puede considerarse “un criterio objetivo para determinar el nivel mínimo vital de subsistencia […], igualmente razonable y proporcionada debe considerarse la presunción de que el doble del Salario Mínimo permite hacer frente a esas necesidades y a los gastos” de un procedimiento judicial.

Umbrales más altos

No obstante, dado que las tasas judiciales aumentan los costes procesales, se ha considerado oportuno incrementar los umbrales hasta ahora vigentes para evitar que puedan limitar el acceso a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos. Por ello, el umbral de dos veces el salario mínimo interprofesional (14.910 euros al año) se ha elevado a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que supone 15.975,33 euros al año, y hasta a tres veces cuando los miembros de la unidad familiar son cuatro (19.170,39). En los casos en los que el solicitante no forme parte de una unidad familiar el umbral se sitúa en dos veces el IPREM.

Cuando se den circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad, los costes de aquellos procesos relacionados con esta circunstancia estarán cubiertos por la justicia gratuita. El límite para poder acceder a este derecho se eleva de cuatro veces el SMI (29.821 euros) a cinco veces el IPREM (31.950,65).


Víctimas

Con independencia de la insuficiencia de recursos para litigar, el Anteproyecto incluye entre los beneficiarios de la justicia gratuita a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como a los menores de edad y a las personas con discapacidad víctimas de abuso o maltrato. En todos estos casos, la gratuidad se vincula a los procesos que se deriven de esa condición de víctimas.

Hasta ahora se les garantizaba la defensa jurídica especializada de forma inmediata, pero el acceso a la justicia gratuita seguía los requisitos generales, por lo que, si no se les reconocía el derecho, debían abonar después los gastos generados. Sin embargo, a partir de ahora siempre serán beneficiarias de justicia gratuita, lo que supone también quedar exento del pago de tasas.

Además, desde el mismo momento de interposición de la denuncia o en el asesoramiento previo dispondrán de atención jurídica especializada, mientras que los menores y las personas con discapacidad contarán con asistencia pericial especializada. Con esta medida se cumplen y amplían las recomendaciones marcadas en una reciente Directiva comunitaria de apoyo a las víctimas de delitos.

También serán beneficiarias de la justicia gratuita las víctimas de accidentes que sufran secuelas permanentes, tanto cuando les impidan desarrollar su actividad habitual, como cuando requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más elementales. Ello les permitirá reclamar, con el beneficio de este derecho por las indemnizaciones que les correspondan por los daños personales y morales sufridos.

Trabajadores y asociaciones

El Anteproyecto mantiene el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita de los trabajadores y beneficiarios del Sistema de Seguridad Social en la primera instancia del Orden Social. En los escasos casos en los que los que recurren en suplicación los trabajadores tendrán una exención del 60 por 100 de la tasa prevista.

La Cruz Roja, las asociaciones en defensa de las personas con discapacidad, los sindicatos y los representantes de los trabajadores, así como las entidades gestoras de la Seguridad Social, tendrán derecho a la justicia gratuita siempre que ejerciten acciones en defensa de sus intereses específicos.

Elegir prestaciones

El texto introduce como novedad que el beneficiario de la justicia gratuita podrá elegir qué prestaciones de las previstas en este derecho desea obtener, lo que, por ejemplo, en el caso de las mujeres maltratadas podrá hacerles evitar el pago de la tasa correspondiente, pero ser representadas por un abogado de su elección y no por uno de oficio, si así lo desean.
Las prestaciones que comprende el derecho a la justicia gratuita son:

  • Asesoramiento y orientación, así como información sobre la mediación y otros medios extrajudiciales.
  • Asistencia y representación gratuita de abogado y procurador.
  • Inserción gratuita de anuncios o edictos.
  • Exención del pago de tasas y depósitos; asistencia pericial gratuita.
  • Obtención gratuita de copia, testimonio, instrumentos y actas notariales.
  • Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que les sean requeridos por el órgano judicial.

Control del fraude

La futura Ley prevé la creación de un comité de consultas en el seno del Ministerio de Justicia para asegurar una interpretación homogénea. Además, si en el plazo de cuatro años el beneficiario viene a mejor fortuna (sus ingresos sean el doble del umbral por el que en su día tuvo derecho a la justicia gratuita), la parte contraria podrá reclamarle los costes que le fueron impuestos.

Se incrementan las facultades de averiguación patrimonial por parte de los Colegios de Abogados y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. También se establece una presunción de abuso de derecho a partir de la tercera vez que se acude a la justicia gratuita, salvo en el orden penal. Esto no significa que a partir de la cuarta petición se deje de prestar la asistencia requerida, sino que se comprobará si está justificada y sólo en ese caso se atenderá la solicitud.

El órgano judicial podrá apreciar la existencia de abuso de derecho por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita y la revocará y podrá condenarle en costas.

El texto da respuesta, además, a un problema denunciado con frecuencia por los Colegios profesionales: el cobro de la actuación desempeñada en el orden penal cuando se es designado abogado de oficio de una persona que, finalmente, no tiene derecho a la justicia gratuita. La Administración se compromete a abonar directamente los servicios prestados en los cinco primeros días.

 

La guarda y custodia compartida y el interés del menor

Una reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2012, estima el recurso extraordinario por infracción procesal y se establece la guarda y custodia compartida porque el tribunal de instancia no resolvió el litigio a la vista del interés del menor. La determinación de su ejercicio se deja para la ejecución de sentencia, fijándose las bases para ello.

La denegación del régimen de custodia compartida solicitado sólo por el padre, existiendo informe psicosocial favorable a ese régimen de guarda así como informe favorable del Ministerio Fiscal, no tuvo en cuenta el interés del menor.

La STS 579/2011, de 22 julio, interpretó la expresión “excepcional”, contenida en el art. 92.8 CC en el sentido que “La excepcionalidad a que se refiere el inicio del párrafo 8, debe interpretarse, pues, en relación con el párrafo cinco del propio artículo que admite que se acuerde la guarda y custodia compartida cuando así lo soliciten ambos progenitores o uno con el acuerdo del otro. Si no hay acuerdo, el Art. 92.8 CC no excluye esta posibilidad, pero en este caso, debe el Juez acordarla “fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor”. De aquí que no resulta necesario concretar el significado de la “excepcionalidad”, a que se refiere el Art. 92.8 CC , ya que en la redacción del artículo aparece claramente que viene referida a la falta de acuerdo entre los cónyuges sobre la guarda compartida, no a que existan circunstancias específicas para acordarla”.