El Gobierno inicia un endurecimiento del Código Penal

El  Consejo de Ministros, a instancias de  un informe presentado por los ministros de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social, ha aprobado un anteproyecto que se remitirá a los principales órganos consultivos, como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. En el anteproyecto se propone  la modificación del Código Penal en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social para crear en ambos casos un subtipo agravado para las conductas más graves.

Para los delitos fiscales agravados la pena máxima será de prisión de dos a seis años en vez de uno a cinco años. Además, el plazo de prescripción pasa a ser de diez años frente a los cinco años de los restantes supuestos de delito fiscal. El nuevo tipo agravado de delito fiscal se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal. También se aplicará cuando se utilicen negocios, entes o territorios que dificulten u oculten la identidad del obligado tributario o la determinación de la cuantía defraudada.

En los delitos agravados contra la Seguridad Social se delimitan nuevos supuestos de fraude en los que se ha verificado que la sanción administrativa no es suficientemente efectiva y que la gravedad de estas conductas exige una sanción penal. Tal es el caso de empresas ficticias y talleres clandestinos.

Se endurecen las penas máximas por defraudar a la Seguridad pasando de cinco a seis años y se pretende la ampliación del período de prescripción de cinco a diez años de los supuestos delictivos más graves, como, por ejemplo, las “empresas fantasma” sin actividad real que simulan relaciones laborales, con el único propósito de que los trabajadores obtengan una prestación pública.

Por otra parte, se plantea la modificación del Código Penal para sancionar a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social, o sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo.

¿Cómo me afecta la nueva reforma sanitaria?

Quien necesite adquirir medicamentos recetados por su médico deberá pagarlos en función de la situación económica en que se encuentre. Veamos algunas posibilidades.

Primera: Quien reciba una pensión contributiva que no tiene que declararse a Hacienda ( es decir, por debajo de los 22.000 euros anuales de ingresos) se verá obligado a abonar un 10% del mismo. Como máximo estos pensionistas pagarán 8 euros al mes, el resto lo abonará el Estado. Si dicha pensión supera ese límite de 22.0o0 euros, entonces se deberá abonar hasta 18 euros como máximo al mes.

Segunda:  Quien se encuentre en paro y, además haya agotado su prestación por desempleo, los medicamentos le saldrán gratis. Hasta el momento debía de pagar un 40% de la receta.

Tercera: El trabajador que se encuentre en activo, a partir de ahora, pagará los medicamentos en función de tu renta. Si hasta ahora había que abonar un 40%, con la nueva norma aumenta este porcentaje hasta el 60%, en función del sueldo que esté percibiendo. En todo caso se establece un límite máximo de 60 euros al mes.  En este sentido, el trabajador que reciba un salario inferior a los 22.000 euros anuales continuará pagando el mismo precio por sus medicamentos que hasta ahora. Sin embargo, quienes perciban una renta de entre los 22.000 y los 100.000 euros anuales, ese importe se incrementará hasta alcanzar el 50% y  llegará a pagar el 60% de sus medicamentos aquellos que superen los 100.000 euros anuales.

Cuarta: El transporte en ambulancia, cuando sea por petición médica, será abonado por el enfermo si no es urgente en proporciones diversas que varían entre el  40%, 50%, 60%  o 10% dependiendo del nivel de renta o del tipo de pensión que reciba.

Quinta: Las personas con discapacidad menor del 65% estarían sin cobertura sanitaria tras cumplir los 26 años si antes no han podido cotizar.

Por último, ha de advertirse que el médico podrá recetar según la marca y no en función del principio activo, en algunos casos concretos, según establece el propio decreto publicado el 24 de abril de 2012 en el BOE.

Un juzgado de lo Social de Madrid lleva la reforma laboral al Constitucional

La agencia EFE ha comunicado que un Juzgado de Madrid considera que la norma podría vulnerar varios derechos relativos al despido consignados en la Carta Magna.

El Juzgado de lo Social número 30 de Madrid ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma laboral al Tribunal Constitucional al considerar que la norma podría vulnerar algunos aspectos de la Carta Magna relativos al despido. Según el auto del Juzgado, fechado el 16 de abril, la reforma laboral vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva de los trabajadores frente al despido injustificado. Además, dañaría el derecho a la igualdad de trato entre trabajadores con derecho a prestación por desempleo y los que carecen de él en caso de los despidos improcedentes. 

También considera que hay indicios de inconstitucionalidad en la supresión en los despidos improcedentes del pago de los salarios de trámite, aquellos que se cobran desde el momento del despido hasta la resolución judicial. Asimismo, pone en duda la urgencia de la regulaciónque ha justificado su aprobación como decreto-ley: “Este tipo de regulación es impropia de una norma de urgencia y no justifica el desplazamiento de la soberanía legislativa por el Ejecutivo”, afirma.

El magistrado José Angel Folguera Crespo se pronuncia así sobre la demanda interpuesta por varios trabajadores de la empresa Enjarrolla SL que fueron despedidos por causas disciplinarias. En los fundamentos de inconstitucionalidad, el juez alega también que “despidos netamente disciplinarios y no económicos pueden quedar sometidos a una motivación y unos fundamentos de urgencia y necesidad que se refieren exclusivamente a circunstancias económicas“.

El auto cuestiona la supresión de los salarios de tramitación, ya que esta medida supone una “peculiar bonificación” para el empresario, que ya no tiene que indemnizar al trabajador despedido en el periodo que va desde la extinción de la relación laboral hasta la declaración de la improcedencia del despido. Añade que sustituir los salarios de tramitación por las prestaciones por desempleo, que permite al empresario eludir estos pagos “opera como elemento manifiestamente desincentivador de la readmisión”. Como consecuencia de esto, se vulneraría el derecho constitucional a la igualdad, ya que aquellos que carezcan de tal prestación no podrán ser compensados ante un despido improcedente.

¿Regularización o amnistía fiscal?

El día 18 de abril de 2012, se ha publicado en el Diario El Mundo, un artículo de Enrique Gimbernat, en el que el autor afirma que el defraudador que aflore sus rentas no declaradas al amparo del RDL 12/2012, podría ser castigado, no obstante, si un juez o tribunal plantea una cuestión de inconstitucionalidad en relación con la aplicación de la exoneración penal de ese RDL, y ésta es estimada por el TC.

 

¿REGULARIZACIÓN O AMNISTÍA FISCAL?

El derecho de gracia puede adoptar dos modalidades: el indulto y la amnistía.

En España, esa primera modalidad de gracia está regulada por la Ley de Indulto de 1879, modificada en 1988 (LI). El indulto exige que el reo haya sido condenado ya, previamente, por sentencia firme (art. 1.º.1.º LI), resolviendo el Gobierno discrecionalmente sobre la concesión o no de esa medida de gracia, previos informes no vinculantes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal (arts. 19 ss. LI). El indulto es, según el art. 130 1.4.º del Código Penal (CP), una causa de extinción de la pena. En consecuencia, el indulto deja subsistentes los antecedentes penales, que sólo podrán cancelarse transcurrido un determinado plazo (que va desde seis meses a cinco años, en función de la gravedad del delito -art. 136.2.2.º CP-), a contar desde el “día siguiente a aquél en que quedara extinguida la pena” (art.136.2.3.º CP), en este caso, por consiguiente: a contar desde el día siguiente al que haya entrado en vigor el correspondiente Real Decreto de indulto.

El indulto puede ser particular o general. El particular se refiere a un reo concreto. El general, en cambio, abarca a una pluralidad, en principio indeterminada, de condenados en los que tienen que concurrir, en abstracto, y para la aplicación del indulto, determinados requisitos como, por ejemplo, que no estén condenados a penas superiores a tres años de prisión. Esta última clase de indultos está prohibida desde la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 (CE), cuyo art. 62.i) establece que “corresponde al Rey … ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”.

A diferencia del indulto, la amnistía, cuyo nombre tiene una raíz griega (amnesia = olvido), y como decía el antiguo art. 112.3.º CP de 1973, “extingue por completo la pena y todos sus efectos”. En consecuencia, y a diferencia también del indulto, la amnistía es aplicable tanto si el autor ha sido ya condenado o no, borrando, en el primer caso, los antecedentes penales y cualquier otra consecuencia accesoria de la pena, como lo puede ser la de inhabilitación para ejercer una determinada profesión. Y así, la última Ley de Amnistía promulgada en España (la Ley 46/1977, de 15 de octubre), aplicable a “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas, realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976” [art. 1.º.I.a)], extiende dicha gracia a todos los autores de tales hechos punibles, independientemente de si aquéllos hubieran sido ya condenados, o no, por sus delitos (art. 6.º, párr. 1.º), estableciendo que, en el caso de que se hubiera dictado ya una sentencia firme, se “eliminarán … los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales, aun cuando el sancionado hubiere fallecido” [art.7.º. c)], disponiéndose, asimismo, “la reintegración en la plenitud de sus derechos activos y pasivos de los funcionarios civiles sancionados, así como la reincorporación de los mismos a sus respectivos cuerpos, si hubiesen sido separados” [art. 7.º.a)].

Al amparo de la Disposición adicional primera del reciente Real Decreto-Ley (RDL) 12/2012, de 30 de marzo (convalidado en la sesión del Congreso de los Diputados del pasado jueves 12 de abril), los evasores de impuestos, contra los cuales no se haya abierto hasta ahora ninguna investigación ni judicial ni de la Agencia Tributaria, e incluso aunque su defraudación sea constitutiva de un delito tributario, porque la cantidad defraudada “excede de ciento veinte mil euros” (art. 305.1 CP), no obstante quedarán exentos de pena si declaran ahora la renta anteriormente ocultada a la Hacienda Pública e ingresan, no el 43% que les correspondería, sino sólo el 10% de dicha renta. En tal caso, y hasta la fecha tope de 30 de noviembre de 2012 para la presentación de la declaración y de su ingreso, “el importe declarado por el contribuyente tendrá la consideración de renta declarada”, y, en consecuencia, aquél quedará “exonerado de su responsabilidad penal” (Disposición final primera RDL 12/2012).

Oficialmente, el Gobierno denomina “regularización de la situación tributaria” (así, el RDL 12/2012) o “excusa absolutoria” (así, el secretario de Estado de Hacienda Miguel Ferre) a esa “exoneración de pena” alcanzada mediante la presentación, entre el 31 de marzo (fecha de la entrada en vigor del RDL) y hasta el 30 de noviembre de 2012, de la declaración de la renta ocultada, con el consiguiente ingreso del 10% de ésta. Con ello se quiere hacer equivalente la exención de pena prevista en el RDL a la que figura en el art. 301.4 CP, que exime de responsabilidad penal por su delito contra la Hacienda Pública a cualquier ciudadano que, habiendo ocultado una renta a la Agencia Tributaria -y antes de haber tenido conocimiento de que ha sido objeto de investigación alguna administrativa o judicial-, “regularice su situación tributaria”, presentando una declaración complementaria en la que notifique a la Administración la deuda tributaria impagada y abonando la cantidad resultante.

Por el contrario, los medios de comunicación y los partidos políticos de la oposición han calificado a la exención de pena prevista en el RDL 12/2012, desde un principio, no de “regularización tributaria”, sino de “amnistía fiscal”.

Que, en contra de lo que mantiene el Gobierno, la exoneración de la pena del RDL 12/2012 tiene una naturaleza jurídica distinta a la regularización recogida en el art. 301.4 CP deriva de que, si concurre esta regularización, realizada por cualquier ciudadano y en cualquier momento anterior al conocimiento de que se ha abierto una investigación contra el defraudador, el delito no existe porque falta uno de sus requisitos, a saber: la “punibilidad”, tan esencial para que un hecho pueda ser considerado delito como cualquier otro de sus restantes requisitos: la “tipicidad”, la “antijuridicidad” o la “culpabilidad”. En cambio, la impunidad vinculada a la declaración a la que se refiere el RDL 12/2012 de la renta ocultada no es extensible a todos los defraudadores, sino sólo a algunos de ellos, a saber: a aquellos que presenten su declaración entre el 31 de marzo y el 30 de noviembre de 2012, teniendo que responder por un delito fiscal todos los restantes delincuentes que practiquen la misma declaración con posterioridad a esta última fecha tope. Si el legislador quiere que determinados ciudadanos no respondan por un delito fiscal, para que ello sea conforme a Derecho sólo tiene dos vías para hacerlo: o bien suprime este delito del Código Penal, o bien lo mantiene, espera a que sean condenados y entonces los indulta. Pero si mantiene -como mantiene- el delito fiscal en el Código Penal y a aquellos -y sólo a aquellos- delincuentes que presenten su declaración entre dos fechas determinadas los exime de pena, entonces, y aunque no lo denomine así, está decretando una “amnistía general”, porque ésta beneficia sólo a determinados delincuentes (a los amnistiados), dejando fuera de su campo de aplicación a todos los restantes.

La doctrina dominante -con alguna opinión disidente- mantiene que la amnistía es inconstitucional. Y lo mantiene con razón. Porque si el anteriormente citado art. 62 i) CE regula el derecho de gracia, y no menciona para nada la amnistía, de ahí se deduce, a contrario, que esta última ha quedado fuera de la CE, y porque, si incluso en referencia al más restrictivo indulto, dicho precepto constitucional introduce limitaciones (prohibición de indultos generales), con mayor motivo tendría que haberlas establecido para la amnistía que constituye una medida de gracia más generosa; y, si no lo ha hecho, es porque ha estimado que no había que establecer limitación alguna, ya que la amnistía como tal -y con o sin limitaciones- había devenido inconstitucional. Por lo demás, esta opinión -que la amnistía ha desaparecido como posible derecho de gracia del Derecho español- es también la del legislador penal español, el cual, después de la entrada en vigor de la CE, suprimió del CP, como causa de extinción de la pena -y dejando sólo subsistente el indulto-, la amnistía que, desde el CP de 1870, venía figurado como causa de extinción en todas las posteriores modificaciones de ese texto legal.

Pero, aunque equivocadamente se considere que nuestra Constitución aún da cabida a la amnistía, la concreta exoneración de pena del RDL 12/2012 seguiría siendo inconstitucional, ya que aquélla constituye, no una amnistía particular, sino una general, en cuanto que olvida la comisión de un delito fiscal, no respecto de un delincuente individual, sino respecto de una pluralidad de delincuentes -pero sólo respecto de ellos- en los que concurre el requisito de haber presentado la declaración de la renta ocultada entre dos fechas determinadas de 2012. Que, si los “indultos generales” están expresamente prohibidos por la Constitución, mucho más lo tiene que estar aún una medida de gracia más generosa, como lo es una “amnistía general”, es simplemente de cajón.

Si la opinión que aquí se mantiene es correcta, entonces el defraudador que aflore sus rentas no declaradas al amparo del RDL 12/2012, podría ser castigado, no obstante, si un juez o tribunal plantea una cuestión de inconstitucionalidad en relación con la aplicación de la exoneración penal de ese RDL, y ésta es estimada por el TC. Con lo que ese defraudador habría hecho un pan como unas hostias.

¿Quién está obligado a hacer la declaración de la Renta 2011?

Ya ha llegado el momento que muchos contribuyentes españoles temen: la hora de presentar la declaración de la Renta. Y con ello, las dudas surgen por doquier: ¿quiénes están obligados a hacer la declaración de la renta 2011? ¿qué pasa si he recibido prestación por desempleo? ¿y si me concedieron la ayuda para el alquiler de vivienda?

Según la legislación vigente, no están obligados a hacer la declaración de la renta 2011 todos aquellos contribuyentes cuyos rendimientos íntegros o brutos del trabajo no superen los 22.000 euros si proceden de un único pagador. Es importante esto último ya que aunque la renta sea inferior a 22.00o euros, si ha habido más de un pagador es posible que sí estés obligado a presentar la declaración de la renta 2011, siempre y cuando el segundo pagador o la suma del segundo y posteriores supere los 1.500 euros. Para estos supuestos el importe por el que nace la obligación de hacer la declaración de la rentaes de 11.200 euros. Si no llegamos a los 1.500 euros, nuestro límite seguirá siendo 22.000 euros.

Hay que tener muy en cuenta que se consideran también rendimientos del trabajo, las prestaciones por desempleo, las pensiones de jubilación y las pensiones compensatorias que se paguen a uno de los cónyuges como resultado de una separación o divorcio. Por lo tanto, si en el 2011 recibías un salario por tu trabajo pero te quedaste en paro y recibiste la prestación por desempleo deberás presentar la declaración de la renta 2011 ya que estaríamos en el supuesto de dos pagadores (con lo que habría que atender a la regla descrita en el párrafo anterior de los 1.500 euros del segundo pagador).

RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

Otro problema al que tendrán que enfrentarse muchos jóvenes es el relacionado con la renta básica de emancipación (RBE).  Según la normativa, esta ayuda debe declararse en el ejercicio en que es reconocida, aunque el ingreso no se perciba hasta el próximo año.  Si la suma de las ayudas reconocidas, aunque no se hayan percibido realmente todavía, junto a otros rendimientos de capital (como intereses de cuentas o similares) superan los 1.000 euros, se está obligado a declarar. Por lo tanto puede darse el caso en que muchos jóvenes con ingresos inferiores a los 22.000 euros tengan reconocida la ayuda desde el pasado verano, pero sin recibir ni un euro (debido a los retrasos que se están generando en los pagos), y que se haya desgravado el alquiler, tenga que ingresar a Hacienda por el resultado de su declaración de la renta 2011 obligatoria.

Por último, un consejo: aunque no tengamos la obligación de hacer la declaración de la renta 2011, es conveniente simularla para ver si Hacienda nos devuelve las retenciones practicadas. Para ello lo mejor es descargar el programa PADRE 2011 y simular la declaración de la renta. En función del resultado obtenido, la presentaremos o no.

Desahucio express

La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal introdujo unas modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitiera un trámite más ágil para los desahucios de fincas urbanas, en palabras más llanas: permitir que el dueño de una casa o un piso pueda desalojar al inquilino que no le pague las rentas de una forma más fácil, rápida y eficaz.

Para interponer el desahucio judicial basta con que el inquilino haya dejado de pagar una renta. No se necesita que se le requiera previamente, sino que se puede interponer la demanda previamente si bien es aconsejable el requerimiento previo extrajudicial para evitar que el inquilino pueda parar el proceso de desahucio pagando en sede judicial. El tiempo aproximado desde que se inician las acciones hasta conseguir el desalojo del inquilino moroso varía según los partidos judiciales, pero oscila entre los 3 y 6 meses.

Es necesaria la intervención de abogado y procurador para iniciar el proceso judicial, aunque las costas se le impongan finalmente al inquilino moroso si se gana el juicio.

El procedimiento es muy sencillo:

1.- Envío de burofax informándole de que si no paga las rentas inmediatamente, se rescindirá el contrato y emprenderemos las acciones legales oportunas para echarlo.

2.- Transcurrido un mes desde el envío del burofax, si el inquilino no ha pagado, se presenta la demanda en el juzgado correspondiente. Para ello se necesita un poder general para pleitos, la escritura de la casa, una copia del contrato de arrendamiento y los recibos y facturas de suministros impagadas.

3.- El juzgado notifica, aproximadamente un mes después de interpuesta la demanda, de la fecha de juicio y lanzamiento (esto es, la expulsión forzosa de la casa del inquilino moroso).

4.- Celebrado el juicio se dicta sentencia (generalmente estimatoria de nuestras pretensiones y acordando la expulsión del inquilino, condenándole al pago de las cantidades impagadas además de las costas procesales).

5.- Ejecución de la sentencia: implica la expulsión forzosa del inquilino, recuperación de la posesión del inmueble y la averiguación patrimonial del moroso (bienes, nóminas, …) para hacer frente a sus deudas y asegurar el cobro.

Comunicado de Jueces por la Democracia ante las reformas anunciadas por el Ministro de Justicia

A continuación reproducimos el comunicado que la asociación Jueces por la Democracia ha emitido, a través de su propia página web (www.juecesdemocracia.es) ante las reformas que ha anunciado el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dada la importancia de las medidas propuestas y la repercusión y alcance global que suponen y creemos de interés general.

COMUNICADO:

“1. Valoración global
A lo largo de los últimos años, ya decenios, la Administración de Justicia ha padecido el olvido de Gobiernos de uno y otro signo, que se han limitado a amalgamar, bien reformas legales parciales asistemáticas, bien proyectos iniciados sin rigor y capacidad o voluntad real de llevarlos a término. Reclamamos, una vez más, que los problemas estructurales de la Justicia ocupen el lugar que merecen en la agenda política como insoslayable cuestión de Estado. Es imprescindible el empuje de todas las personas implicadas en un proyecto que, o se acomete colectivamente, o no permitirá avances sólidos y con proyección real de futuro. Por este motivo, desde ahora, debemos advertir que la mayoría absoluta de que disfruta el Gobierno del Partido Popular no lo exime de la necesidad de procurar los consensos necesarios que exige el abordaje de una cuestión de esta envergadura. El anuncio de un conjunto heterogéneo de medidas, sin la previa apertura de un diálogo amplio, no es un buen principio para iniciar esta andadura. Desde Jueces para la Democracia hacemos un llamamiento al diálogo y a la búsqueda del consenso para hacer un diagnóstico compartido y aplicar el tratamiento preciso para dar solución a los males, ya endémicos, de la Justicia.
En la comparecencia celebrada en la Comisión de Justicia del Congreso el pasado día 25 de enero de 2012, el Ministro de Justicia anunció una serie de reformas que deben vertebrar la acción del Gobierno del Partido Popular en este ámbito en los próximos años. No observamos en el paquete de medidas un hilo conductor más allá del efectismo populista que acompaña a muchas de ellas. Se muestra claramente que la Justicia no es sentida como una prioridad, como servicio público esencial para la ciudadanía, y las propuestas más bien parecen buscar titulares que la asunción de la necesidad de una reforma sistemática.
A nuestro juicio, las propuestas giran sobre tres ejes: a) Recortes en la Administración de Justicia y presentación como novedosas de viejas propuestas; b) Aumento de la represión penal, que se instrumentaliza de manera descarnadamente simbólica; y, c) Modificaciones jurídico-políticas de gran calado, sin consenso ni pretensión de unidad.

2. Recortes, viejos proyectos y silencios

Las propuestas del Ministro parecen promover una Justicia apresurada y previo pago de quien tenga recursos para sufragársela. Es compartida la necesidad de reducir el número de asuntos que llegan a la jurisdicción, tanto por vía de mecanismos de acuerdo o solución extrajudiciales, como mediante la regulación de las materias que deben ser resueltas en sede judicial. Sin embargo la propuesta actúa recortando el acceso de quienes menos recursos tengan o recortando las garantías procesales de las partes en aras de una supuesta celeridad. No es aceptable el copago para obtener tutela judicial. Debemos prestar especial atención a la plasmación normativa de las modificaciones apuntadas, especialmente respecto de aquellas que puedan configurarse como impedimentos u obstáculos en el ejercicio de los derechos por los justiciables. Nos referimos al anuncio de la creación de tasas y depósitos para litigar; o de los novedosos juicios rápidos en la jurisdicción civil. Porque una cosa es procurar la agilidad en la tramitación del procedimiento, y otra pretenderlo a costa de la merma del derecho a la tutela judicial. Sin olvidar que medidas de este tipo ordinariamente afectan a quienes menos recursos económicos tienen. Por ello, habrá que esperar a la concreción de las medidas propuestas para su adecuada crítica. En cualquier caso y de modo general, hay que advertir que no toda reforma que suponga una mayor celeridad o acortamiento de los plazos procesales debe ser necesariamente bien acogida por esta sola circunstancia, puesto que, por obvio que parezca, hay que recordar que en el proceso civil hay dos partes, y medidas como las apuntadas suelen beneficiar a una de ellas (en términos de rapidez en la obtención de una resolución judicial firme) y perjudicar a la otra (en términos de garantías procesales). Normalmente se beneficia a quien más medios tiene para procurarse mecanismos de defensa y se perjudica a quien carece de ellos, o los tiene en menor medida.
A título de ejemplo, si analizamos someramente el estado actual del proceso civil y los privilegios procesales reconocidos por el legislador, vemos que, tras las recientes reformas legislativas en materia de desahucios, el propietario que arrienda un inmueble puede obtener en un corto espacio de tiempo una resolución judicial firme de lanzamiento de la vivienda sin necesitar siquiera la intervención de un juez, al ser suficiente la del secretario judicial unida al silencio (real o ficticio) del arrendatario. Asimismo, el prestamista de dinero, en caso de impago por el prestatario, no necesita, como sucede en la mayoría casos ordinarios, seguir un proceso declarativo en el que un juez declare su derecho, sino que puede acudir directamente a un proceso de ejecución en el que las posibilidades de oposición del prestatario se ven seriamente limitadas. Por último, cuando el propietario de bien inmueble y prestamista de capital coinciden en un proceso (como sucede en la ejecución hipotecaria), el legislador privilegia hasta el extremo máximo la posición del segundo, en claro perjuicio del primero, puesto que no sólo puede acudir directamente a un proceso de ejecución sin declaración judicial previa, sino que las posibilidades de oposición del ejecutado son prácticamente nulas (sin mencionar el privilegio añadido de poder adjudicarse el inmueble por el 50 ó 60 % del valor de tasación, subsistiendo el resto de la deuda).
Ante este estado de cosas actual, nos preguntamos a qué tipo de medidas afectarán los anunciados juicios rápidos, es decir, a qué tipo de acciones serán aplicables; siendo evidente que no podrá aplicarse a todas las acciones (puesto que en tal caso sería necesariamente ineficaz la reforma), el legislador tendrá que elegir y la elección no podrá justificarse, como suele ser habitual, en asépticas (y parcialmente falsas) aspiraciones de celeridad. Desde JpD estaremos atentos al trasfondo social de la elección que haga el legislador y en caso de basarse en los mismos criterios de las últimas reformas procesales (si es que queda margen normativo para ello, lo que es ciertamente dudoso), lo denunciaremos abiertamente y con toda claridad.

Desde otra perspectiva, sin la racionalización de la organización judicial, no se mejorará la respuesta tampoco en los tiempos procesales. No basta la reforma de un precepto para reducir las montañas de papel que inundan los Juzgados.
Junto a los recortes de derechos que podrían significar las anteriores, se recuperan como si fueran novedosas, algunas propuestas como la modificación de la organización y planta judicial, la introducción de medidas de agilización procesal, la aprobación de normativa en materia de mediación, o la jurisdicción voluntaria (“medidas de desjudicialización”). Son aspectos cuya necesidad se venía reclamando desde antiguo desde JpD. De hecho la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, hace más de diez años, ya preveía la aprobación de una norma de jurisdicción voluntaria que nunca llegó a aprobarse. En la reunión que el pasado día 18 de enero de 2012 tuvo lugar en el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones judiciales convinieron como prioritarias en el ámbito de la Administración de Justicia algunas de estas medidas. Y de algunas, ya existen proyectos elaborados. Llamamos al Ministro a la coordinación con quienes llevamos tiempo trabajando en este ámbito para afrontarlas con rigor y unidas sistemáticamente a otras respuestas más estructurales. Ahora bien, debemos advertir que no aceptaremos reformas que supongan reducción del control judicial de los derechos de las partes, privatización de servicios públicos asociados a la Justicia o atribución de competencias a Registradores o Notarios en materias como la jurisdicción voluntaria que implique de hecho un encarecimiento de estos servicios. Desjudicializar no equivale a privatizar o a mermar garantías, y es exigible el respaldo público de prestaciones que no pueden quedar sometidas al dictado del mercado.
Por lo que respecta a la Planta Judicial, entendemos que la reforma de la LPYDJ no puede reducirse a una simple fusión de partidos judiciales para unificar instalaciones y ahorrar costes. La reforma tiene que tener en el horizonte una visión completa de la Administración de Justicia coherente con los tiempos y la ciudadanía a la que presta servicio. Instamos a que la reforma en esta materia tenga en cuenta los siguientes puntos de partida:
-Elemento territorial. La reorganización del Partido judicial como unidad básica de actuación jurisdiccional debe llevarse a cabo teniendo en cuenta criterios poblacionales, extensión geográfica de las unidades resultantes e infraestructuras de comunicación. La justicia dispensada en primera instancia debe ser un servicio próximo a la ciudadanía, proximidad que debe leerse a la luz de los tiempos actuales, pero que no puede tener como efecto una centralización arbitraria que suponga una carga tal que comprometa el acceso a la tutela judicial efectiva;
-Elemento institucional. Los juzgados de cada Partido judicial, que en muchos casos asumirán una mayor demarcación y con ello el aumento de planta, deberán sufrir internamente una reorganización en dos niveles inescindibles:
Necesaria implantación generalizada de la Nueva Oficina Judicial. No es concebible abordar una reforma de los partidos judiciales sin que la reorganización de medios personales pase por la reestructuración administrativa de la Oficina judicial. Una reforma de profundidad requerirá incluso nuevos espacios físicos y sería incomprensible que la integración de personal y medios se hiciese de forma diferente a lo establecido en la NOJ. Ello es una exigencia de una Administración de justicia eficaz y eficiente.
Implantación de los Tribunales de Instancia. La convergencia de unidades judiciales en partidos más amplios y con la agregación de nuevos órganos judiciales unipersonales hace no sólo viable sino imprescindible la adopción de esta forma de organización jurisdiccional tanto por criterios de eficiencia y economía en el plano administrativo como de seguridad jurídica en el plano jurisdiccional.
-Elemento personal. La fusión o agregación de Partidos judiciales por sí sola no va a hacer descender el número de litigios, y las alternativas a la judicialización de los conflictos tampoco serán suficientes para bajar la tasa de pendencia y el tiempo de resolución de conflictos a estándares aceptables para dispensar una tutela judicial efectiva en un tiempo razonable. Por ello como medida complementaria indispensable a la reorganización de la demarcación y planta se hace la creación de nuevas plazas de jueces/as y magistrados/as, que al producirse en el seno de un partido judicial reorganizado no tendría que ir en todo caso pareja a la creación de una oficina judicial nueva, como venía sucediendo hasta ahora en los órganos unipersonales. Ello permitirá, con una mayor economía de medios dar una respuesta jurisdiccional más ágil en los juzgados con más carga de trabajo. La concepción de los Partidos articulados en torno a los Tribunales de instancia y la NOJ también implicaría una nueva concepción de los jueces/as de adscripción territorial e incluso las comisiones de servicio como refuerzo de juzgados servidos por titulares en activo, puesto que se diluiría la relación a veces patrimonialista establecida entre jueces y oficina y el difícil encaje de los jueces/zas y magistrados/as de refuerzo en su actuación jurisdiccional.
Así pues sólo desde una perspectiva integral se puede abordar con seriedad el debate de la reorganización de los Partidos judiciales. Sin las premisas anteriores, la mera fusión de demarcaciones para abaratar costes responde a una lógica mercantilista de la gestión del servicio público alejada de las necesidades de la ciudadanía y a la que JD no prestará su complicidad porque está en juego no sólo un servicio esencial, sino el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que se verá menoscabado de forma irremediable
En cuanto al nuevo Código Mercantil, esta materia adolece en general de una excesiva dispersión que dificulta su conocimiento e interpretación, por lo que puede ser positivo un cierto grado de unificación, junto con la necesaria modernización ajustada a las nuevas realidades económicas, como se venía exigiendo desde hace mucho tiempo. Ello no obstante, la pretendida unidad de mercado anunciada deberá perseguirse en todo caso con el necesario respeto a la diversidad normativa reconocida constitucionalmente a los territorios pertenecientes al Estado español que dispongan de derecho propio.

A lo anterior, se añade nuestra preocupación por los silencios. Resulta criticable la ausencia del anuncio de la modificación de la estructura de los órganos judiciales, mediante la creación de los Tribunales de Instancia salvando los aspectos erróneos que pudiera tener la propuesta del anterior Gobierno y denunciados desde la Judicatura. Cabe considerar que en el ámbito judicial se ha llegado a la aceptación general de que esta modificación, con tales advertencias, resulta absolutamente necesaria. La crítica es mayor cuando tampoco se alude a una necesidad también irrenunciable, cual es la creación de plazas judiciales para acometer la cada vez más inabarcable carga de trabajo, de crecimiento incesante, por causas conocidas, de aumento de litigiosidad en el marco de la crisis económica. Mucho nos tememos que la actuación del Gobierno no vaya por esa vía.
Otro de los aspectos silenciados es el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial, y que desde luego, junto al desarrollo del expediente digital, resulta de atención absolutamente necesaria. Es necesaria la implantación generalizada de la Nueva Oficina Judicial de forma coordinada con el CGPJ y la Judicatura en general, en línea con lo indicado antes.
Finalmente, en la subespecie de los medios silencios, valoramos negativamente la filosofía que inspira la anunciada reforma LECR que sólo afectará, al parecer, a aspectos parciales. Es imprescindible abordar una reforma estructural del proceso penal con la pretensión de dar solución a una situación insostenible, caracterizada por una fase de investigación que se ha demostrado ineficaz y altamente disfuncional y la existencia de un intolerable déficit regulativo en materia de admisión, formación, validez y condiciones de eficacia de los diferentes medios de prueba. La vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 ha sido objeto de diversas reformas parciales a modo de “parches” desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 que no han afrontado rigurosamente las exigencias que impone una materia altamente sensible por su conexión con los derechos fundamentales de la ciudadanía. Dicho déficit regulativo ha intentado ser suplido por la jurisprudencia de la Sala II del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que han ido elaborando un cuerpo de doctrina de tal envergadura que puede hablarse, sin ninguna duda, de la existencia de un verdadero ordenamiento jurídico oculto, pues sólo acudiendo a la jurisprudencia podrá conocerse el estado actual en materia probatoria. Ello genera, problemas insalvables de incerteza, inseguridad, dispersión e incongruencia merced a las oscilaciones de la inestable doctrina de los tribunales. En esta línea, instamos al Ministro a que retome el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborado por el anterior Gobierno, cuya regulación constituía un evidente avance en materia de garantías procesales, regulando con detalle los medios de investigación, las medidas cautelares que pueden adoptarse, y el estatuto de la defensa, reconociendo el papel central que las personas investigadas y acusadas tienen en el proceso, que dejan de ser concebidas como meros objetos de prueba para convertirse en verdaderos sujetos del proceso.
La nueva Ley reguladora de la jurisdicción social estableció nuevas competencias para esta jurisdicción, con el consiguiente incremento de la carga de trabajo que dichos órganos deben acumular al derivado de la situación de crisis que ya desbordó su capacidad de gestión. Para garantizar los derechos de ciudadanos que acuden necesariamente a la jurisdicción social es preciso que la misma mantenga la agilidad y el dinamismo que siempre le ha caracterizado.
3. Aumento de la represión penal en busca de titulares.

Una de las responsabilidades fundamentales de un dirigente político democrático es la de no someterse a (o peor aún, fomentar) las exigencias de quienes, en momentos de natural dolor, reclaman exclusivamente represión y venganza. El avance de una legislación penal razonable exige que se defiendan principios de trato humano en la penalidad y se estudien los efectos criminógenos reales de las medidas que se proponen, lo que requiere tiempo para la reflexión. Como la realidad demuestra tozudamente, no se reduce el crimen mediante el endurecimiento de la represión. Los titulares de “ley y orden”, sólo sirven para jugar con las expectativas de quienes han sido víctimas del delito.
Las medidas anunciadas en el ámbito penal no resultan novedosas por haber sido objeto de propaganda previa al cambio de Gobierno. Nos encontramos nuevamente ante el uso del Derecho Penal como único instrumento de política criminal, olvidando otras técnicas o instrumentos que debieran emplearse para atacar el sustrato de la criminalidad. Pero, además, este uso, en los últimos tiempos, es siempre de tenor represivo. Y también ahora, mediante el incremento de penas, o de conductas definidas como delito. Las propias palabras del Ministro, explicativas de estas reformas, son muestra de lo que se indica. Si realmente se quiere reducir la tasa de delincuencia (inferior, por otra parte, a la de otros países de nuestro entorno), mejoremos el instrumental procesal y dotemos de racionalidad al sistema de investigación y enjuiciamiento; lo que pasa, frente a lecturas tergiversadoras, por mejorar las garantías del proceso pues ellas también son garantías de mejora en la eficacia de la respuesta penal. Se cuenta con un Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que es un instrumento de gran calidad técnica y puede ser un punto de inicio en el diálogo sobre la reforma tantas veces pedida y tantas veces postergada. Tiene el señor Gallardón la posibilidad de que seamos europeos no sólo en deportes sino también en garantías procesales, eficacia de la actuación penal y protección de las víctimas.
Especialmente preocupante es el anuncio de la regulación de la pena de “prisión permanente revisable”, que se dice similar a la existente en otros países europeos para casos excepcionales hayan causado una gran alarma social. La alegación de este último motivo para justificar supuestos de aplicación de la futura pena, resulta, no ya preocupante, sino temible. Supone el manejo de criterios de política criminal ajenos a mínimos parámetros de racionalidad. Sobre una realidad normativa de un Código Penal vigente que ya contempla una pena de cumplimiento efectivo por espacio de nada menos que 40 años de prisión, que supone de facto, dada la esperanza de vida humana, una auténtica cadena perpetua; la nueva figura resulta regresiva, innecesaria, y de una dureza que no se justifica sino por meros motivos de interés partidista, en orden a remunerar réditos obtenidos como consecuencia de un discurso securitario en materia penal, que exagera los datos negativos de la delincuencia, mediante una propaganda eficaz que deforma la percepción social del riesgo.
No menos preocupante es la pretensión de reforma de la legislación de menores. En síntesis, porque todo apunta a la intención de extraer su enjuiciamiento de los Juzgados de Menores para su celebración en el Juzgado de lo Penal o en la Audiencia Provincial, con merma evidente de la filosofía que inspira la Ley de Responsabilidad Penal del Menor (reformada, por otra parte, en cinco ocasiones en algo más de 10 años de vigencia, siempre a golpe de titular mediático y siempre en una dirección opuesta a su finalidad tuitiva y reeducadora). El enjuiciamiento conjunto rompe el principio de competencia exclusiva, y en su trasfondo está el vaciamiento de los principios básicos de dicha ley que materialmente no es penal. Extraer a los menores de la investigación y enjuiciamiento de la referida normativa, supone trasladar las causas a los Juzgados de Instrucción y a los Juzgados de lo Penal, aunque se aplique la legislación de menores; esto es, aproximarlos peligrosamente hacia los parámetros penales de la jurisdicción de adultos.
Mención especial merece la modificación en materia de aborto, reflejo de una necesidad inexistente que busca, a costa del incremento de la criminalización, satisfacer determinadas opciones ideológicas muy conservadoras. Todo ello, restringiendo derechos y libertades de las mujeres, cuyo logro fue costoso, lo que supondrá un retroceso evidente a estadios ya afortunadamente superados. De hecho, es ya sintomático que se trate el problema del aborto en el capítulo penal y se someta a las mujeres que se encuentran en esa tesitura al dictado del Ministerio de Justicia y no al de Sanidad, que sería su sede natural. No es un problema de creencias personales o de defensa de posicionamientos morales de un determinado sesgo, sino de la construcción de un espacio público en donde puedan coexistir diferentes creencias sin sancionar penalmente a quien no acepte los dictados de una u otra confesión religiosa. Sea cual sea la opinión que se sostenga sobre el aborto, el Derecho Penal no es el lugar de resolución de ese dilema. Volver a la situación anterior a la actual Ley Orgánica 2/10 supone un claro retroceso para las mujeres que se verán sometidas a injerencias de terceras personas en la toma de decisión sobre una cuestión tan íntima y privada como el de su maternidad o la interrupción voluntaria de su embarazo, que tendrán menos seguridad jurídica con una vuelta a una regulación poco clara y con lagunas, que tendrán un acceso desigual en función del territorio a la prestación sanitaria para la interrupción del embarazo y que en ocasiones se verán forzadas a asumir la maternidad en contra de su voluntad o bien a la práctica de abortos clandestinos. La actual regulación de la interrupción voluntaria del embarazo tiene una dimensión multidisciplinar que permite conjugar el derecho de la vida prenatal, el ejercicio de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y el derecho de las mujeres gestantes a decidir con autonomía, tras una previa información, la interrupción de su embarazo dentro de un plazo de 14 semanas, conteniendo una regulación clara para los supuestos de interrupción del embarazo por causas médicas ajena a cualquier condicionamiento moral o ideológico.
Se ha anunciado igualmente la regulación de un estatuto de las víctimas. Esta regulación no puede abordarse al margen de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo por tanto necesaria una reforma integral de ésta, una nueva ley procesal, como indicamos al principio. La víctima debe ser atendida por el Estado, acompañada y atendida en toda su problemática, pero la atención a la misma no se resuelve coresponsabilizándola del ejercicio del deber estatal de persecución de delitos. El Estado debe asumir su función en la persecución penal, mantenerla informada y no dañarla en el proceso, pero la atención a la víctima no debe confundirse con erigirla en protagonista del proceso penal. Incrustar a la víctima indiscriminadamente en el procedimiento supone anclarla en el momento doloroso que tuvo que vivir, esconde la ausencia de ayudas a la misma e introduce criterios de venganza en un Derecho que debe abandonar semejantes patrones. En esta línea, la protección no debe, no puede reducirse a la regulación normativa de sus derechos, sino que pasa por la adopción de aquellas medidas que garanticen su efectividad. La protección no se agota en el proceso penal, sino que se extiende al ámbito asistencial, psicológico y sanitario. En tal sentido, precisamente el reciente cierre de centros de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género en algunas Comunidades Autónomas, es un factor generador de gran desamparo.
Por último, se ha anunciado que se abordará con la máxima prioridad la reforma de la multirreincidencia. A falta de mayor concreción, todo apunta a que, al igual que las otras propuestas analizadas anteriormente, es otro paso más en el endurecimiento de la legislación penal, y otro avance del populismo punitivo. Esa medida no es eficaz, aumenta exponencialmente las penas alejándose de las diferencias del caso concreto y no ayuda a resolver nuevos hechos. Por la senda de esos anuncios se ganarán nuevos titulares pero no se obtendrán cambios en la situación vivida por la sociedad

4. Reformas que afectan a órganos constitucionales sin respetar los consensos plurales que se habían construido.

La modificación de la LOPJ, en lo que atañe al procedimiento de nombramiento de los vocales del CGPJ de extracción judicial es defendida como necesaria a fin de evitar la “politización de la justicia” y la “independencia judicial”. Resulta ciertamente paradójico que se haya presentado el problema como algo ajeno a la fuerza política que ahora gobierna, como si su actuación política en años pasados no hubiera sido uno de los factores determinante en los problemas de todos conocidos. En esta materia partimos del reconocimiento de un hecho incontestable: el de que la puesta en práctica de los tres modelos ensayados (el primero, de elección directa de esos 12 miembros “por y entre” personas integrantes de la carrera judicial, vigente hasta 1982; el segundo, de elección parlamentaria de esos 12 miembros de origen judicial, vigente hasta 2003; y el tercero, producto de un Pacto de Estado firmado también por el Partido Popular, de designación de candidatos por la carrera judicial y elección de entre ellos por el Parlamento), ha evidenciado la existencia de serias disfunciones. El CGPJ, no debemos olvidarlo, no es una institución corporativa de representación de la carrera judicial, sino su órgano de gobierno. La justicia emana del pueblo, como proclama el artículo 117 CE, por lo que ni el diseño de la política judicial ni las cuestiones afectantes al estatuto de sus miembros (nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, entre otros), constituyen un “coto vedado” a la ciudadanía disponible sólo para la judicatura. Partiendo de tal premisa, consideramos, no obstante, que los sistemas de elección parlamentaria han fallado fundamentalmente como consecuencia de su utilización partidista por los partidos políticos y por la actuación de las personas designadas como vocales, que, con excepciones, se han mostrado indecorosamente receptivas a las indicaciones y sugerencias provenientes de quienes los nombraron. El conjunto de estas circunstancias ha debilitado la posición institucional y la credibilidad del CGPJ como institución de garantía de la independencia judicial. Ahora bien, la elección “por y entre” miembros de la carrera judicial desplaza el riesgo de politización partidista al seno de la propia judicatura, como puso claramente de relieve el sistema vigente hasta 1982 que convirtió al CGPJ en un contrapoder en el peor sentido del término. La elección corporativa no convertirá al órgano en “apolítico”, lo que es imposible al tener encomendada altas funciones políticas, ni eludirá el riesgo partidista, pues quienes integramos la judicatura, como cualquier ciudadano, tenemos concepciones políticas diversas que imprimen contenidos distintos a la política judicial. Es necesario avanzar una reflexión sobre estos modelos, reconociendo los peligros y errores de cada uno de ellos, pero lo que hay en cuestión no es un mero sistema de gestión u organización sino un órgano constitucional básico que interrelaciona el Poder Judicial con la Sociedad de la que emana su poder. Cualquier opción debe partir de la necesaria influencia social en toda institución de poder y del reconocimiento explícito y eficaz de la pluralidad como valor superior de nuestro ordenamiento. Si lo que se pretende con la reforma es laminar las diferencias mediante sistemas mayoritarios que silencien a quien no acate mayorías, nos opondremos firmemente. Compartimos la necesidad de combatir la instrumentalización partidista del CGPJ, pero también la de combatir el cierre del mismo para disfrute de un grupo cerrado de parte de organizaciones judiciales.
Debemos rechazar la propuesta de designación vitalicia de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Constitucional. Como se ha dicho en algún lugar, las malas costumbres se corrigen con nuevas buenas costumbres, no con leyes autoimpuestas, leyes que se justifican precisamente porque persiste la voluntad de continuar de la misma manera, de no cambiar. Ninguna ley puede poner remedio a una realidad que se alimenta y continúa alimentándose de malas costumbres. Los problemas que plantea la renovación de las vacantes del órgano no derivan de la regulación vigente, sino de una deficiente comprensión de la democracia que ha llevado a los partidos políticos a trasladar las lógicas partidistas a la composición de institución claves para el sistema. Y conocidas son las “maniobras de bloqueo” que el partido ahora gobernante, ha llevado a cabo recientemente, coadyuvando así al pretendido desprestigio del Tribunal Constitucional que ahora se defiende corregir. La designación vitalicia puede tener sentido en otros sistemas con diferente estructura político organizativa. Ahora bien, en el nuestro, puede determinar la conformación de un órgano anquilosado que no sepa adaptar su jurisprudencia a los cambios permanentes que vive nuestra sociedad.

5. Conclusiones

En conclusión, con la publicitación por el Ministro de Justicia de las futuras reformas que el actual Gobierno pretende acometer en el ámbito de la justicia, se pone de manifiesto, una vez más, que quienes deben asumir responsabilidades en materia de Justicia, no emprenden las acciones normativas y presupuestarias necesarias a fin de corregir la grave situación por la que ésta atraviesa. En una primera aproximación, y sin perjuicio de realizar un estudio más profundo de las reformas apuntadas en el momento en que sean conocidos sus detalles, esta asociación debe manifestar que se yerra en la elección de los aspectos que deben ser prioritarios para mejorar la pésima situación de la Administración de Justicia, tal y como hemos ido analizando. En el aspecto organizativo, es sustancial el desarrollo de los Tribunales de Instancia y la reestructuración de los Partidos Judiciales. Pero también desplegar la Nueva Oficina Judicial e instaurar el expediente digital. En el ámbito penal, nada aportan las modificaciones regresivas que obedecen a motivos de índole simbólica, mientras que resulta inaplazable promulgar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. En todas ellas se yerra cuando se acude a anuncios propagandísticos para dar imagen de fortaleza, dándose más imagen de cerrazón y soledad por no pretender dialogar con quienes llevamos años trabajando por una Justicia más eficaz, más justa y más próxima a la ciudadanía.
Por nuestra parte, mostramos nuestra disposición a que la regulación futura no constituya una suerte de sacrificio de las libertades y de los derechos ciudadanos alcanzados, y a oponernos y cuestionar todo lo que suponga una merma o quebranto de los dichos derechos en el ámbito de la Administración de Justicia, ofreciéndonos para dialogar en lo que se pueda aportar desde la experiencia acumulada por esta Asociación y, en general por la Carrera Judicial.

El Secretariado,

Enero de 2012″

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